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La Redim alerta sobre desprotección de niñas, niños y adolescentes ante impunidad, corrupción y crimen MéXICO, ESTADO DE MEXICO. 08 de Enero del 2018

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) evaluó que el 2017 se caracterizó por “la epidemia de niñez desaparecida, el crimen organizado y el escaso cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, con cifras desalentadoras, las cuales deben transformarse en retos a superar para el próximo gobierno.

En diez años, informó, México ha vivido la generalización de la violencia e inseguridad. Entre los principales afectados se encuentran niñas, niños y adolescentes, quienes son afectados de forma directa por las situaciones de criminalidad, violencia e impunidad que, actualmente, tienen al país en una profunda crisis de derechos humanos.

“Redim mira con preocupación que el Estado Mexicano mantiene un patrón de silencio, vacíos institucionales y retrocesos legislativos frente a los derechos de niñas niños y adolescentes. Esto profundiza la desprotección y exclusión de niñas niños y adolescentes para convertirse en las principales víctimas de la impunidad, la corrupción y el crimen organizado”, señaló en un comunicado.

Asimismo, llamó al Estado Mexicano a cumplir con las leyes existentes para reducir la impunidad, castigar de forma real la corrupción como medio para fortalecer el Estado de Derecho y estimular la participación ciudadana como aliados para acabar con el crimen organizado.

Según datos oficiales, en lo que respecta al total de delitos sexuales, 4 de cada 10 víctimas tenían entre 0 y 19 años; por cada 10 víctimas en este rango de edad, 8 eran mujeres y 2 hombres.

En cuanto a las desapariciones, la Redim recordó que en abril de 2017 los senadores aprobaron, casi por unanimidad, el Dictamen de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desapariciones cometidas por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda luego de más de dos años de trabajos; sin embargo, en cientos de ocasiones se ha denunciado negligencia en las autoridades quiénes niegan la búsqueda inmediata y el inicio de averiguación previa bajo el argumento absurdo de esperar 48 o 72 horas “por si se fue por su propia voluntad” y particularmente cuando se trata de niñas o mujeres adolescentes bajo el argumento machista de “se fue con el novio”.

“Al día de hoy no existe claridad sobre la cifra total de personas desaparecidas en los últimos años en el país, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Más aún, existe un alarmante subregistro de casos de desapariciones y el RNPED sigue siendo inexacto al incluir leyendas como ‘no disponible’ en lo que se refiere a la edad o nacionalidad de las personas desaparecidas. Las autoridades competentes proporcionan información contradictoria o incompleta y la imposibilidad de determinar el universo de personas desaparecidas obstaculiza de manera significativa toda acción de búsqueda que se llegue a emprender, impide que las víctimas obtengan medidas de reparación adecuadas y, que se haga justicia”, añadió.

Según cifras oficiales, niñas, niños y adolescentes corren más riesgo de ser desaparecidos si se encuentran entre los 13 y 17 años; 8 de cada 10 niñas y jóvenes reportadas como desaparecidas se encontraban en ese rango de edad, en varones, esta proporción es de 7 de cada 10. Asimismo, el Estado de México es la entidad que registra mayor número de desapariciones en el país: 1 de cada 4 desapariciones ocurren en esta entidad.

Agregó que, a julio de 2017, se registran mil 498 casos de desapariciones de niñas, niños y adolescentes en el Estado de México; le sigue el estado de Puebla con 647 registros (10.6%), Tamaulipas 572 casos (9.4%), Nuevo León 424 casos (7.0%). Cabe destacar que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ocurrieron el 72.3% de las desapariciones de niñas niños y adolescentes, de las cuales 812 tan solo en el año 2017.

Destacó el caso de “Ciudad de los Niños” en Salamanca, Guanajuato, en el cual se puso en evidencia la deficiente supervisión y cuidado de centros de cuidado de niñas, niños y adolescentes que son separados de sus familias por diferentes causas y que inicialmente quedan bajo resguardo del DIF correspondiente. Este caso aún no ha sido resuelto y se encuentra estancado e impune ante el impedimento de proceder legalmente contra el responsable de los delitos presuntamente cometidos en el albergue.

“Reiteramos el llamado #NoAlFueroClerical”, señala.

“Sin el fortalecimiento de las Procuradurías de protección a nivel federal y estatal será imposible supervisar, regular y sancionar a personas que abusan de niñas y niños en las instituciones. Actualmente en México existen 879 centros de asistencia de los cuales sólo el 9.7% son públicos, mientras que el restante 90.3% están distribuidos en entidades privadas y sociales. Asimismo, se tiene registrado que existen 30 mil niñas, niños y adolescentes alojados en dichos centros”, apuntó.

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