Los investigadores determinaron que funcionarios de la ciudad de Matamoros, elementos de la Marina Armada y policías estatales y federales mintieron en sus declaraciones con el fin de encubrir los asesinatos, según un reporte difundido por la comisión.

Érica, Alex y José Ángel Alvarado Rivera, de Progreso, Texas, desaparecieron el 13 de octubre de 2014 cuando visitaban a su padre en Control, una población cerca de Matamoros, limítrofe con Brownsville, Texas. Un amigo de ellos, el mexicano José Guadalupe Castañeda, también desapareció. Los cuatro cuerpos fueron encontrados dos semanas después con impactos de bala en la cabeza.

De acuerdo con el reporte, los nueve miembros de la unidad Hércules técnicamente pertenecían a la policía estatal de Tamaulipas, pero parecían responder únicamente a la alcaldesa y sus allegados. La ciudad les proporcionó equipamiento y pagaba parte de sus salarios, e incluso les brindó uniformes especiales y un logotipo no relacionado con la policía estatal, se detalla en el documento.

"De la detención que servidores públicos de la SEMAR y del Grupo Hércules realizaron el 13 de octubre de 2014, no existe registro alguno, tampoco fueron presentados ante autoridad alguna", señaló la Comisión. "No hay ninguna investigación ministerial donde aparezcan como responsables, mucho menos orden de aprehensión o presentación girada en su contra".

Los investigadores de la CNDH indicaron que encontraron a algunos hombres en prisión que también reportaron que fueron arrestados por los marinos el mismo día que las cuatro personas desaparecieron. Varios de ellos indicaron que fueron trasladados a un terreno baldío en el que fueron interrogados y golpeados, según el reporte.

Los reclusos declararon a los investigadores que en el terreno escucharon a tres personas con acento estadounidense y que en ocasiones se susurraban cosas en inglés. Un par de ellos dijeron que reconocieron a la cuarta víctima como una persona conocida en su vecindario, destacó el reporte.

Fuente El Mañana